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El 64 % de las compañías españolas apunta hacia el actual marco normativo como uno de los obstáculos para su crecimiento

  • Cinco de cada 10 empresas reclamaban un cambio legislativo para regular los impagos y los retrasos en los pagos incluso antes de que el debate llegase a tanto al Congreso como al Senado.
  • La carga impositiva y la competencia, otros factores identificados.
  • El 58% de las compañías conocen la vigente legislación nacional que regula impagos y retrasos, mientras que la cifra desciende al 49% en el caso de la directiva europea.

Madrid, 29 de junio de 2017 – Alcanzar la madurez sobre unos pilares estables es el gran reto al que se enfrenta cualquier empresa, independientemente de su tamaño. A lo largo del camino, los obstáculos financieros suelen ser los más comunes, aunque también existen otros factores que pueden dificultar su éxito. En este sentido, la compañía especializada en gestión del crédito Intrum Justitia profundiza –en la edición española de su último Informe Europeo de Pagos– sobre aquellos motivos identificados por el ámbito privado como los causantes de su falta de crecimiento.

El análisis, elaborado sobre datos recogidos entre febrero y marzo de 2017, refleja un panorama en el que las leyes son identificadas como uno de los principales obstáculos para el éxito de un negocio. El 64% de los preguntados así lo afirma, dato que evidencia la necesidad de un cambio regulatorio más acorde con el mercado actual. “Tanto el Congreso como el Senado han consensuado en los últimos días revisar el marco normativo vigente. Si el pasado 20 de junio la Cámara Baja acordaba por unanimidad tramitar una propuesta de ley para que pymes y autónomos cobren sus factura a tiempo, ayer el Senado aprobó la toma en consideración de una ley que modifique a la actual, con la intención de endurecer las medidas de lucha contra la morosidad”, explica Juan Carlos González, director general de Intrum Justitia en España. “Confiamos en que sus recorridos parlamentarios se agilicen al máximo, pues no podemos olvidar que el problema de los retrasos o los impagos afecta de forma determinante al conjunto de la economía de un país, pues limitan la liquidez de las compañías, su capacidad de crecimiento o, incluso, su poder de contratación”, prosigue.

El sector empresarial se une a esta reclamación. Es más, el estudio de Intrum Justitia recoge que cinco de cada 10 compañías españolas ya demandaban la introducción de una nueva legislación en lo que a los plazos de los pagos se refiere antes de que el debate llegase a ambas Cámaras.
A pesar del impacto del marco regulatorio, éste no es el principal impedimento identificado por las empresas españolas para el buen devenir de sus negocios. De hecho, el 82% de las preguntadas sostiene que la carga impositiva puede suponer una complicación, mientras que el 70% apunta también hacia la competencia.

En esta línea, el estudio también pretende arrojar luz acerca de cómo afecta a las empresas nacionales la consideración que diferentes agentes sociales mantienen hacia ellas. Así, el 58% manifiesta que la actitud gubernamental puede ser un impedimento, mientras que el 44% señala también hacia la actitud de la sociedad en general. 

Por otro lado, en cuanto a los elementos que contribuyen al éxito de una compañía destaca el amplio desarrollo de infraestructuras en nuestro país, al que identifica como una facilidad el 20% de las empresas preguntadas, y la posibilidad de comprar y vender a crédito, indicada por el 42%. “Una nueva evidencia de la necesidad de que los plazos de pagos sean sometidos a una regulación más estricta”, añade González.

Aplicación y conocimiento de las legislaciones
El retraso en la gestión de cobro por parte de una empresa puede llegar a suponer el fin de la misma. El marco normativo que regula las situaciones de demora e impagos tanto a nivel europeo como nacional viene a resolver esta problemática, por lo que el conocimiento del mismo, así como su aplicación, supone una de las mayores armas para defenderse en contra de esta práctica. “Hemos constatado que el 58% de las compañías de nuestro país asegura conocer la vigente normativa. La tramitación de una nueva legislación contribuirá a que este porcentaje vaya en aumento”, mantiene González.
La Unión Europea dispone, por su parte, de una Directiva para la lucha contra la morosidad con aplicación para operaciones con la Administración Pública y empresas B2B. Aunque a nivel paneuropeo tan solo el 31% de las empresas afirma conocerla, en España este porcentaje alcanza el 49%. A pesar de que esta legislación contempla medidas de carácter compensatorio, 7 de cada 10 compañías sostiene que no llegará a iniciar esta vía en caso de sufrir dichos retrasos en la recuperación de sus deudas.