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El 53% de las micropymes se ve obligado a alargar sus plazos de cobro

  • Se estima que las pérdidas económicas derivadas de este retraso supone el 1,9% de su facturación.
  • Las principales consecuencias de esta situación son los problemas de liquidez, los costes adicionales y la pérdida de beneficios.
  • Se genera así un círculo vicioso, ya que la mitad de este segmento empresarial reconoce pagar más tarde de forma sistemática.

Madrid, 3 de octubre de 2017.- No recibir los pagos a tiempo supone un problema para cualquier compañía. Ser capaces de predecir los flujos de caja es fundamental para la salud financiera del tejido empresarial, pues posibilita la estabilidad financiera. Sin embargo, la morosidad es una práctica extendida en nuestro país, y conlleva consecuencias especialmente negativas para las micropymes. De hecho, el 53% de ellas reconoce verse obligado a aceptar plazos de cobro más largos de los establecidos, tal y como confirman los datos del Informe Europeo de Pagos elaborado por Intrum Justitia. Una realidad que adquiere aún mayor trascendencia si se tiene en cuenta que, según el Directorio Central de Empresas (DIRCE), el 82,8% de las corporaciones españolas tienen dos o menos asalariados.

Esta tendencia tiene un impacto directo sobre la cuenta de resultados de estas empresas, pues se estima que puede suponer una pérdida económica equivalente al 1,9% de su facturación. Además, el informe pone de manifiesto otras consecuencias, como disminución de la liquidez -señalada por el 50% de las micropymes-, o los intereses adicionales, situación identificada en el 44% de los casos. Otros problemas igualmente relevantes son la pérdida de beneficio (40%) o, incluso, la amenaza para la supervivencia de la organización (30%).

Al ser preguntadas por las causas de estos retrasos, el 72% de las empresas aluden a las dificultades financieras de sus deudores, si bien también se observan otros motivos. Entre ellos, destaca que el 38% de las compañías apunta hacia un retraso intencional. El 30% señala también la falta de organización en los departamentos de administración, mientras que el 16%, las disputas relacionadas con los bienes o los servicios prestados.

La morosidad, además, conlleva una serie de daños asociados. Uno de los más evidentes es que deriva en un círculo vicioso en el que las compañías que cobran tarde se ven forzadas a su vez a realizar más tarde sus propios pagos. Es más, la mitad de este segmento empresarial (51%) reconoce pagar tarde de forma sistemática.

No obstante, también hay datos que animan a pensar en cierta estabilidad, puesto que el 68% de estos empresarios sostiene que el nivel de deuda se mantendrá en los próximos 12 meses. En los extremos de la balanza, el 8% opina que aumentará, mientras que el 13% mantiene que disminuirá.
El informe concreta, asimismo, algunas posibles soluciones para resolver el problema de los largos plazos de pago. En este sentido, destaca la introducción de una nueva legislación, medida propuesta por el 47% de los preguntados. Este dato viene a confirmar la necesidad de un cambio regulatorio en nuestro país más acorde con el mercado actual, una medida que tanto el Congreso como el Senado están promoviendo desde el pasado mes de junio.

Por otro lado, la introducción de medidas voluntarias es una opción considerada por el 27% de las micropymes. La adopción de comportamientos que prevengan situaciones que puedan poner en riesgo la continuidad de una empresa es fundamental, una intención que puede materializarse en el apoyo de empresa especializada en recuperación de impagos, servicio que Intrum Justitia ofrece a las microempresas a través de Segestion. “En España, es este segmento del tejido empresarial es el que más sufre las consecuencias de la morosidad, ya que su músculo financiero para hacer frente a esta situación es muy limitado y está más expuesto a tener que aceptar condiciones menos ventajosas en el cobro de sus facturas”, recuerda Juan Carlos González, portavoz de Intrum Justitia en España.

Sobre Intrum Justitia
El 27 de junio de 2017, Intrum Justitia y Lindorff se combinaron para formar el proveedor líder de servicios de gestión de crédito. Lindorff fue fundada en 1898 y ofrece servicios dentro de la gestión y compra de deudas, así como servicios de pago y facturación. Intrum Justitia fue fundada en 1923 y ofrece servicios integrales, incluyendo la compra de deuda, diseñados para mejorar los flujos de efectivo de los clientes y la rentabilidad a largo plazo.
La combinación de Intrum Justitia y Lindorff tiene presencia local en 23 mercados en Europa y un equipo de alrededor de 8.000 empleados que están comprometidos a promover una economía sana. La compañía combinada tuvo ingresos pro forma de 1352 millones de euros para los doce meses que terminan en marzo de 2017 y tiene su sede en Estocolmo, Suecia. Intrum Justitia AB está cotizada en el Nasdaq de Estocolmo. Para obtener más información, visite www.intrum.com o www.lindorff.com.

Sobre Segestion
Con cerca de 200 empleados y una red de oficinas distribuidas por toda la península ibérica, Segestion es una de las empresas líderes en España y Portugal en prevención y cobro de impagados B2B. Desde hace más de 30 años trabajamos al lado de pymes y autónomos recuperando sus deudas y ofreciéndoles un servicio jurídico completo para que puedan centrarse en lo verdaderamente importante: la gestión diaria de su negocio. En la actualidad, Segestion forma parte del grupo Intrum Justitia, empresa multinacional sueca especializada en la gestión de crédito.